Unidad de Alta Complejidad formalizó a funcionaria público y a músico por fraude al fisco

La imputada gestionó directamente la contratación del hombre para impartir clases de alfabetización digital, sin tener título ni conocimientos técnicos para ello. Monto del perjuicio es de 8 millones de pesos.

Un poco más de 8 millones de pesos. Ese es el monto del perjuicio que detectó la investigación de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Arica y por el que se formalizó a Nevenka Aguilera Cuadra y James Zanetta Piña como autores de fraude al fisco, luego que la primera, en su calidad de funcionaria de la Gobernación Provincial de Arica, contratara al imputado para impartir clases de alfabetización digital sin tener los conocimientos técnicos para ello.

La indagatoria del Fiscal Francisco Ganga estableció que en marzo de 2012 la Gobernación de Arica se adjudicó 12 proyectos financiados por el Fosis para realizar programas de apoyo a micro emprendimientos. En ese contexto, la imputada se desempeñaba en la Gobernación como encargada de la ejecución de dichas iniciativas adjudicadas, gestionando la contratación de relatores de diversos talleres de capacitación a beneficiarios.

Así, se determinó que en junio de ese año Aguilera Cuadra gestionó directamente la contratación de James Zanetta como relator del taller de alfabetización digital, el cual se desarrolló en 12 módulos recibiendo una remuneración por cada actividad. Sin embargo, se estableció que el imputado, de profesión músico y productor de eventos, no tenía título ni las competencias técnicas para realizar dicho curso.

“Se estableció que durante los talleres el imputado solo se limitó a enseñar a los beneficiarios elementos más que básicos, como por ejemplo enseñaba a prender un computador, el modo de uso del mouse y crear una cuenta de correo electrónico, pese a que figuraba como experto. Asimismo, la imputada validaba los informes del imputado, pese a que las horas declaradas en las boletas no correspondían a las horas efectivas de clases”, explicó el Fiscal Francisco Ganga.

Las diligencias además determinaron que a raíz de que el Fosis objetó las rendiciones, ambos imputados modificaron el contrato de honorarios a objeto de ocultar los pagos excesivos, causando un perjuicio fiscal de 8 millones 200 mil pesos.

Tras ser formalizados, ambos imputados quedaron sujeto a la medida cautelar de firma mensual, fijándose un plazo de investigación de 60 días.